A mediados de 1991, mientras los ciudadanos intentaban seguir su vida a pesar de las dificuldates económicas, llovían denuncias de irregularidades y corrupción durante la campaña política de Fernando Collor. Su tesorero, Paulo César de Faria, también fue denunciado como uno de sus mayores colaboradores en ese proceso. En mayo del año siguiente el gobierno instaura una Comisión para investigar las acusaciones y confirma todas las evidencias.
Fue cuando el movimiento de los “caras-pintadas” ganaron fuerza. El movimiento estudiantil, que se caracterizaba por los colores verde y amarillo que estampaba las caras de los jóvenes que salían a la calle pidiendo la destitución de Fernando Collor de Mello, consiguió unir miles de personas.
En septiembre, la cámara de los diputados abre el proceso de impedimiento del presidente. Dos meses después, Collor es apartado de su puesto y un mes después, antes mismo de ser juzgado por el Senado, el presidente renuncia a través de una carta leída por su abogado. Aún así el juicio siguió adelante y Collor fue condenado a la separación del cargo y a la inhabilitación durante ocho años.
Fue cuando el movimiento de los “caras-pintadas” ganaron fuerza. El movimiento estudiantil, que se caracterizaba por los colores verde y amarillo que estampaba las caras de los jóvenes que salían a la calle pidiendo la destitución de Fernando Collor de Mello, consiguió unir miles de personas.
En septiembre, la cámara de los diputados abre el proceso de impedimiento del presidente. Dos meses después, Collor es apartado de su puesto y un mes después, antes mismo de ser juzgado por el Senado, el presidente renuncia a través de una carta leída por su abogado. Aún así el juicio siguió adelante y Collor fue condenado a la separación del cargo y a la inhabilitación durante ocho años.
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